En julio de
2022 se cumplirá el 40 aniversario del cobarde asesinato del abogado del
pueblo Gabriel Pimenta, defensor de los campesinos, ocurrido en Marabá, en el
estado de Pará. Fruto de la lentitud del Poder Judicial, autoridades y verdugos
debidamente identificados de este crimen quedaron impunes. El proceso que duró
décadas y terminó prescrito es una prueba incontestable de la relación espuria
entre la latifúndio y el Poder Judicial brasileño.
La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos fue solicitada el 9 de noviembre de 2006 por
el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) por la familia de
Gabriel y por la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) de Marabá como
partes interesadas. La Comisión concluyó que estaba marcada por omisiones
estatales, que las autoridades no actuaron con la debida diligencia o dentro de
un plazo razonable.
Los peticionarios
alegaron la violación de los artículos I (derecho a la vida), XVIII (derecho a
la justicia) y XXII (derecho de asociación) de la Declaración Americana de Derechos
y Deberes Humanos (DADDH) y los artículos 8 (garantías judiciales) y 25
(protección judicial), en relación con el artículo 1.1 (obligación de respetar
los derechos), todos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) debido
a que el Estado no ha adoptado medidas preventivas para garantizar el derecho a
la vida de la víctima y también el hecho de que el crimen haya quedado impune
hasta esa fecha.
LA LUCHA DE GABRIEL PIMENTA EN DEFESA DE LOS CAMPESINOS DE MARABÁ
A principios de la
década de 1980, Gabriel Sales Pimenta, licenciado en Derecho por la Universidad
Federal de Juiz de Fora (UFJF), se trasladó a Marabá (PA), donde se unió a la
lucha campesina por la tenencia de la tierra. Trabajó incansablemente en la
defensa y organización de los trabajadores rurales, colaborando en la creación
de sindicatos y asociaciones. Fue representante legal del Sindicato de
Trabajadores Rurales de Marabá y uno de los fundadores de la Asociación
Nacional de Abogados de Trabajadores Agrícolas.
Se convirtió en uno
de los primeros abogados en ganar un caso en el poder judicial a favor de los
campesinos en el conflictivo sur de Pará, anulando los efectos de una orden de
restricción en un proceso de recuperación que había determinado el desalojo de
158 familias, lo que contradecía los intereses de los terratenientes locales,
en este caso, Manuel Cardoso Neto, hermano del ex gobernador de Minas Gerais,
Newton Cardoso. Gabriel Pimenta comenzó a sufrir constantes amenazas de muerte.
El 18 de julio de 1982, en Marabá, fue asesinado con tres disparos de revólver
en la espalda, disparados a corta distancia por el pistolero José Crescêncio de
Oliveira, contratado por el jefe del pistolero José Pereira Nóbrega, socio de
Nelito. Gabriel Pimenta tenía 27 años.
Sobre la base de
pruebas precisas, la investigación policial concluyó que el terrateniente y su
jagunço habían sido culpables, pero el caso se prolongó durante décadas y
ninguno de los acusados acudió a un jurado popular. En 2006, el Tribunal de
Justicia del Estado de Pará decretó la terminación del proceso por prescripción
impune de los asesinos.
En 2006, el Tribunal
de Justicia del Estado de Pará decretó la terminación del proceso por
prescripción impune para los asesinos. La muerte de Gabriel Pimenta revela el
incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado brasileño de
prevenir violaciones contra defensores de derechos humanos y proteger el
derecho a la vida e integridad personal para que los defensores realicen
libremente sus actividades sin sufrir ataques, amenazas o represalias.
Gabriel Pimenta fue
un mártir en el campo de la defensa de una situación de violencia del
latifundio y consentimiento del Estado brasileño que ha sido responsable por la
muerte de muchos trabajadores en Brasil. La situación que lo llevó a la muerte
sigue siendo parte de la realidad del campo brasileño.
Pero la sangre
derramada por Gabriel Pimenta sigue inspirando la lucha que el campesino y el
pueblo brasileño libran para librar al país de todos los que quieren imponer, a
través del terror, un orden que irrespeta los derechos del pueblo a la tierra y
al trabajo. Es patrono de ABRAPO-Associação Brasileira dos Advogados do Povo
Gabriel Pimenta, y su legado está vivo en este colectivo de abogados. Hacemos
un llamado a todas las entidades democráticas y a quienes luchan por un Brasil
democrático y progresista a acompañar el juicio de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos. La presencia demostrará que el caso Gabriel no puede quedar
impune porque refuerza a todos los que en Brasil se benefician del
mantenimiento de la violencia de la latifúndio y la complicidad de los agentes
del Estado.
El juicio se llevará
a cabo en una de las sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
los días 22 y 23/03/22, de 11:00 a 15:00 (aproximadamente), a través de los
canales de la Corte IDH en el Facebook y Youtube.
Links:
https://www.facebook.com/CorteIDH
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